Propuesta 2.7 Reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada en leyes y reglamentos de sectores clave

Qué se quiere cambiar

Que las más de veinticinco millones de personas que se auto adscriban como indígenas en México y sus pueblos y comunidades sean consultadas para decidir están de acuerdo en que se desarrollen proyectos de infraestructura y/o inversión en sus territorios que les podrían afectar tales como puertos, aeropuertos, carreteras, minas, sitios turísticos, vivienda, vías de tren, entre otros.

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Exposición de motivos

En México hay 25,101,458 personas que se auto adscriben indígenas –25% de la población total– y 7,382,785 que hablan lengua indígena (Encuesta Intercensal 2015). En 1990 el Estado mexicano ratificó el Convenio 169 de la OIT con lo que adoptó el compromiso de realizar procedimientos de consulta cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas. No existe una ley general que regule los procedimientos. Una revisión de 299 leyes federales y de 129 reglamentos permitió identificar doce leyes y seis reglamentos en los que se establece alguna referencia al derecho a la consulta indígena (Méndez, 2017). Las leyes son: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de la Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Energía Geotérmica, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Planeación, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Los reglamentos en los que se prevé la consulta indígena son: el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el Reglamento de la Ley de Energía Geotérmica, el Reglamento Interno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Entre 2002 y 2017 el Estado ha llevado a cabo 80 procedimientos, 26 corresponden a proyectos de infraestructura (Méndez, 2017). La primera consulta de este tipo fue hasta 2013 tras dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Es decir, el Convenio 169 de la OIT no se ha traducido en la garantía del derecho en el plano nacional para todos los proyectos susceptibles de afectar a los pueblos o comunidades indígenas conforme a las obligaciones internacionales y nacionales en la materia. Por un lado, entre 1991 y 2017 se han presentado en ambas Cámaras catorce iniciativas de leyes –generales o federales– en materia de consulta indígena, ninguna ha avanzado (Méndez, 2017). Por el otro lado, en diálogos multiactor se ha considerado que la aprobación de una sola ley general en la materia tendría más desventajas que ventajas. Es por ello que se propone modificar cada una de las leyes, y sus respectivos reglamentos, que regulan proyectos de infraestructura y/o inversión susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas.

Cambios propuestos

  • Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
  • Incorporar la garantía, respeto, promoción y protección de los derechos humanos de las personas indígenas y de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas (objetivo específico)
  • Contemplar medidas necesarias y suficientes para garantizar los derechos a la autodeterminación y a la consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas (estrategia)
  • Reformas a la Ley General de Turismo, a la ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a la ley Minera, a la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a la Ley de Vivienda, a la Ley de Puertos, a la Ley de Aeropuertos, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y reformas a sus respectivos Reglamentos, para reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada (la propuesta explícita los elementos mínimos que se deben incorporar en dichas reformas).
  • Reforma a la Ley de Expropiación
  • Explicitar la obligación –de la Secretaría de Estado competente de la actividad considerada de utilidad pública– de realizar el procedimiento de consulta libre, previa e informada cuando la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio sea susceptible de afectar a pueblos y comunidades indígenas de manera diferenciada. Dicha consulta deberá realizarse antes de que se publique el decreto del Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación con la declaratoria de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio.
  • Reformas a los reglamentos internos de las dependencias de la APF con competencias y atribuciones relacionadas con los sectores clave.
  • Asegurar la existencia de direcciones generales ad hoc para la implementación de los procedimientos relacionados con el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas; y que éstas cuenten con la estructura, capacidades, personal y recursos suficientes para cumplir con su función.
  • Identificar –de manera ilustrativa mas no limitativa– las medidas, trámites y servicios susceptibles de ser consultados para dimensionar los recursos humanos y económicos que se requieren; así como los procesos y subprocesos que se requieren para implementar los procedimientos de consulta.
  • Prever personal de apoyo específico para la relatoría y levantamiento de minutas, la gestión administrativa y la integración del expediente de cada procedimiento de consulta
  • Creación de un órgano encargado de asesorar y supervisar la implementación de los procedimientos de consulta libre, previa e informada conforme a las obligaciones internacionales y nacionales del Estado mexicano; considerando el desarrollo de los formatos accesibles, y asegurar que cuente con la estructura, capacidades, personal y recursos suficientes para cumplir con su función.
  • Asegurar previsiones de gasto para implementar los procedimientos de consulta libre, previa e informada por cada dependencia o entidad responsable y flexibilizar las políticas de austeridad en función de las facultades y atribuciones de la misma.
  • Desarrollo de competencias profesionales en materia de derechos humanos y de derechos específicos de los pueblos y comunidades indígenas.
  • Incorporar el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas a los contenidos del catálogo de cursos para la capacitación de personas servidoras públicas (CNDH).
  • Capacitación en derechos humanos y derecho consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas a titulares y mandos altos de las dependencias y entidades responsables de implementar los procedimientos de consulta.
  • Capacitación obligatoria a operadores– de las distintas dependencias y entidades responsables de los procedimientos– en materia de derechos humanos y derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas, la negociación, la resolución pacífica de conflictos, la gestión en contextos de incertidumbre y la conducción de equipos.
  • Desarrollo de las capacidades de las comunidades para conocer y ejercer sus derechos humanos y sus derechos colectivos como pueblos y comunidades indígenas, reconociendo sus propios saberes y cosmovisiones.
  • Ampliar la capacidad de contar con intérpretes y traductores en lengua indígena certificados de las distintas regiones o estados que conozcan las variantes lingüísticas y el contexto local de las diferentes comunidades para facilitar la pertinencia cultural de los procedimientos de consulta (INALI); considerando además el desarrollo de formatos accesibles para garantizar el derecho a la información. Incorporar la garantía y respeto del derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas, y demás derechos humanos, como indicador de desempeño y de resultado tanto para las Secretarías de Estado como para sus titulares; y considerarlo como un asunto a tratar en las comparecencias.
  • Crear un portal único para la divulgación proactiva de los procedimientos de consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho portal debe cumplir los principios de datos abiertos, con diseño universal y accesibilidad y pertinencia cultural para los pueblos y comunidades indígenas (lengua indígena).

Organizaciones suscriptoras

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  • Red Social Contraloría Ciudadana Puebla
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  • Ven, te doy la Mano Quintana Roo AC
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  • VITAC - Vivir para Trascender
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