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Propuesta 6.5 Política de drogas: Cambiar el actual paradigma prohibicionista sobre el cual está formulada la política de drogas en nuestro país, por uno basado en la salud pública, con un enfoque respetuoso de derechos humanos y no meramente desde la justicia criminal. Ello implica llevar a cabo una reforma completa hacia un modelo de regulación del mercado de cannabis con fuertes controles estatales para privilegiar la salud pública, el desarrollo sostenible y los derechos humanos

Qué se quiere cambiar

Cambiar el actual paradigma prohibicionista sobre el cual está formulada la política de drogas en nuestro país, por uno basado en la salud pública, con un enfoque respetuoso de derechos humanos y no meramente desde la justicia criminal. Ello implica llevar a cabo reforma completa hacia un modelo de regulación del mercado de cannabis con fuertes controles estatales para privilegiar la salud pública, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

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Exposición de motivos

A más de 50 años del establecimiento del régimen internacional de fiscalización de drogas[1], el pobre balance alcanzado en salud pública y seguridad ha hecho del fenómeno drogas y las políticas que lo determinan un debate de primera necesidad para la agenda política nacional e internacional. Entre las consecuencias reportadas en el Informe Mundial de Drogas de 2008 están la creación de un enorme mercado criminal –provocado por la ilegalización de los usos no médicos y no científicos de las distintas sustancias controladas-, el desplazamiento de la producción y el tráfico hacia nuevas áreas –conocido como efecto globo-, la desviación de recursos del área de la salud a la de aplicación de la ley, el desplazamiento hacia el uso de nuevas drogas, y la estigmatización y marginalización de las personas consumidoras. En 100 años de evolución jurídica, nuestro país ha desarrollado una política de drogas eminentemente punitiva e ineficiente que, lejos de atender las verdaderas causas y efectos del fenómeno drogas (marginalidad, pobreza, exclusión, enfermedad y otros tipos de sufrimiento social) se ha limitado a incorporar el dictado internacional a la legislación. El resultado ha sido la homogeneización de las respuestas estatales a drogas y comportamientos distintos, y el aumento indiscriminado del número de conductas punibles a las que se atribuyen penas desproporcionadas que terminan afectando principalmente a campesinos, mujeres y consumidores. De acuerdo a datos provistos por la Comisión Nacional contra las Adicciones, es posible afirmar que la política de drogas en México ha fracasado en el objetivo básico de prevenir el consumo y disminuir el número total de personas con problemas de adicción. La Encuesta Nacional de Adicciones revela que el consumo de sustancias ilegales en México permanece al alza y que, pese al enorme esfuerzo punitivo realizado, el número total de personas adictas a las drogas ilegales aumentó de 500,000 a 600,000 entre 2008 y 2012. En paralelo, datos proporcionados por el INEGI demuestran que los esfuerzos de interdicción, erróneamente enfocados a la persecución de los más débiles, causaron una explosión de violencia homicida que ha reducido la esperanza de vida de los hombres jóvenes y ha elevado la tasa de homicidios a niveles de epidemia haciendo cada vez más evidente que el remedio resultó peor que la enfermedad. De acuerdo a cifras del mismo organismo, durante el sexenio de Felipe Calderón pasamos de ser un país con una tasa de homicidios de 8 por cada 100,000 habitantes a uno con niveles de violencia similares a los registrados en zonas de conflicto, con una tasa máxima de homicidios de 23 por cada 100,000 habitantes y una cifra récord de 121,163 personas muertas en episodios de violencia relacionados con el combate al narcotráfico. De mantenerse la tendencia, esta cifra podría aumentar a 130,000 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para sumar un total de 250,000 personas fallecidas en tan sólo 12 años. Irónicamente, la creciente militarización de la lucha anti-drogas no sólo no ha terminado con dichas sustancias ni con los carteles que las trafican, sino que ha servido para socavar aún más la seguridad pública. Según el Programa de Política de Drogas del CIDE, la sola presencia militar genera incentivos perversos para el incremento de la violencia, ya sea porque detona enfrentamientos armados que inevitablemente culminan con la muerte de efectivos, presuntos criminales y personas inocentes, o porque en ellos, la fuerza pública ejerce niveles anormales de letalidad que rozan la definición de ejecuciones arbitrarias (en 2011, por ejemplo, el índice de letalidad de la SEDENA fue de 19 civiles muertos por cada civil herido). Esta adicción al castigo también se ha manifestado en el endurecimiento de las sanciones por delitos relacionados con drogas y el uso excesivo de la detención preventiva, ambos importantes factores que inciden en el aumento del número de personas privadas de su libertad. Según datos de la PGR, entre 2006 y 2014 fueron detenidas 453,069 personas en el ámbito federal por delitos contra la salud, de los cuales el 73.27% fueron arrestados por posesión y consumo. De la misma manera, y de acuerdo a los datos arrojados por la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales de 2012, el 35.9% de los presos sentenciados a nivel federal lo estaban por delitos relacionados con la marihuana. Por su parte, y aunque las mujeres representaban sólo el 5% de la población carcelaria federal, según el mismo estudio los delitos de drogas constituyen la primera causa de su encarcelamiento (alrededor del 50% de las procesadas fueron sentenciadas por delitos contra la salud y, entre ellos, la posesión ocupa el primer lugar). Para México, el claro impacto negativo de la estrategia de “guerra contra las drogas” –en términos de violencia homicida, encarcelamiento masivo, erosión del estado de derecho y criminalización de poblaciones vulnerables-, sumado a la imparable propagación de experiencias regulatorias en otras partes del mundo –incluyendo Estados Unidos y Canadá- plantean retos importantes para la definición de una política nacional que además de obtener mejores resultados, se erija coherente con las obligaciones del debate global

Cambios propuestos

  • Control estatal de la cannabis
  • Reforma integral en materia de política de drogas, comenzando con la regulación del mercado de cannabis: se espera la consecución de reformas de mayor calado que apunten al establecimiento de un modelo de control gubernamental del mercado de cannabis. Estas deben incluir, entre otras cosas, la ampliación de los umbrales de posesión para la despenalización efectiva del consumo de cannabis y la regulación del mercado para sus usos personales de acuerdo al precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015.
  • En este sentido, es necesario realizar diversas reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir el establecimiento de controles legales que habiliten la producción y consumo adulto de cannabis regulando el mercado de manera similar a como se regula el mercado de alcohol y tabaco. Se sugieren los siguientes puntos como ejes del contenido de la reforma:
  • Ampliar los umbrales de posesión de las sustancias previstas en la Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal del artículo 479 de la Ley General de Salud, excepto por la cannabis, que sería eliminada de ese cuadro.
  • Establecer las bases para el cultivo, transportación, la producción, empaquetado, etiquetado, distribución, comercialización, venta y uso del cannabis y sus productos;
  • Creación de un mercado no competitivo, controlado por una empresa distribuidora única que opere un monopsonio encargado de comprar y colocar la producción total para su venta impidiendo la integración vertical de la industria;
  • Creación de un órgano regulador ad hoc que emitiría la normatividad adecuada para permitir o restringir el número y tipo de productos autorizados, definir las características de empaque y etiquetado, así como la densidad y operación de los puntos de venta y fomentar el contacto de las personas usuarias con el sistema de salud;
  • Como en el caso del control del tabaco, prohibir la realización de actividades comerciales como la promoción, publicidad y patrocinio de eventos; y
  • Proteger la salud de los consumidores a través de la divulgación de información basada en evidencia, una perspectiva de reducción de daños, el establecimiento de controles de calidad y la separación de mercados para evitar el contacto con otras drogas.
  • En el plazo inmediato, se espera la correcta implementación de reformas legislativas ya conquistadas –como la aplicación del décimo transitorio de la Ley de Ejecución Penal, las reformas penales y procesales en materia de equidad de género y la reglamentación del uso medicinal del cannabis-.

Organizaciones suscriptoras

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